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El Congreso continúa con la investigación para que se finquen responsabilidades sobre la determinación de demoler la Biblioteca

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La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso Local, Yoloczin Domínguez Serna, informó que continúa el proceso de investigación sobre quién autorizó y a qué se debió que se demoliera la biblioteca y no sólo se rehabilitara como era el proyecto inicial.

Lo anterior, a pesar de que en su comparecencia, la secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Irene Jiménez Montiel, aceptó que fue el ex presidente de la Jucopo, quien lo solicitó y esa dependencia quien lo aprobó.

En entrevista, la legisladora morenista mencionó que “se está llevando a cabo esa investigación con los órganos internos del Congreso, como la Contraloría y el área jurídica, donde se recaba toda la información y para ello se enviaron oficios a las secretarías de Finanzas y Administración, Obras Públicas y Protección Civil”.

Agregó que no dará información sobre las respuestas que las dependencias envían para no entorpecer el proceso de investigación, y aclaró que desde que inició la polémica por la demolición de la biblioteca “Siervo de la Nación”, no ha señalado a nadie como responsable de esa acción, aún con la declaración de la secretaria Irene Jiménez Montiel, quien informó quién hizo la solicitud de demolición por parte del Congreso Local y que fue la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, la que autorizó la modificación del proyecto.

Comentó que como Jucopo van a solicitar ante las instancias correspondientes que se finquen responsabilidades legales a los actores que tuvieron que ver con esas decisiones de manera unilateral.

“Porque al final de cuentas, la Jucopo es un órgano colegiado, y si bien es cierto que como presidentes de la Junta tenemos facultades para tomar desiciones en algunos temas, también lo es que debemos ser respetuosos del máximo órgano, y se trataba de un recurso aprobado para una rehabilitación del edificio, pero una persona tomó la desición de solicitar a la dependencia estatal la demolición y eso no es adecuado, porque debió consensuarlo con los demás integrantes de la Junta de Coordinación Política”, aseguró Domínguez Serna.

Reconoció que el Congreso Local no es la instancia para sancionar a quien o quienes resulten responsables, porque esa instancia sólo va a recabar la información que consideran necesaria sobre el daño causado al patrimonio legislativo, y ya serán otras instancias quienes apliquen sanciones si así lo consideran.

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