El Congreso Local debe armonizar las leyes electorales tras la puesta en marcha del Plan B
Tras la puesta en marcha del Plan B de la Reforma Electoral, el Congreso del Estado debe armonizar la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con las leyes federales y la local, que para el caso de Guerrero es la 483, lo que va a ajustar las plazas y los sueldos de quienes laboran en esa instancia.
Así lo informó Luz Fabiola Matildes Gama, presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), quien agregó que con esa Reforma, el proceso electoral iniciará en el mes de noviembre, por lo que se deben instalar los 28 Consejos Distritales, que con la Ley anterior estaban integrados por 5 consejerías, “pero ahora se nos pide que no haya 5, sino 3, entonces eso podría dificultar el trabajo operativo, y antes antes la presidencia tenía el apoyo de 4 personas y ahora sólo serán 2, entonces se sigue complicando la carga laboral”.
La funcionaria electoral lamentó que una de las áreas más afectadas tras las modificaciones a la Ley Electoral es la capacitación, porque ahora son tareas que se van a reducir a su máxima capacidad, así como la instalación de más de 5 mil casillas electorales y el llenado de las actas, que son acciones que le han dado certeza a los procesos electorales de por lo menos 20 años.
“Algo tan sencillo como el llenado de las actas, sin previa capacitación, pudiera llegar a situaciones de riesgo de causales de nulidad, hasta ese nivel de importancia es este tema”, dijo al citar alguno de los ejemplos del escenario posible en caso de no contar con los procesos de capacitación adecuados, o la operatividad en manos de personal no profesional en la materia.
Fabiola Matildes reconoció que a lo largo de muchos años los órganos electorales han avanzado en la democracia del estado y del país, “desde que había cuotas de género, pero se ha ido dando pasos favorables, hoy el registro de candidaturas debe ser paritario y tanto el Congreso como los ayuntamientos deben ser paritarios”, y confío en que esos avances no den marcha atrás tras la aprobación del Plan B.