Las Fiscalías deben ser contundentes en la investigación de los videos de Norma Otilia Hernández
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Guerrero, Eloy Salmerón Díaz consideró que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado deben ser contundentes en las investigaciones en torno a los videos difundidos en redes sociales, en los que aparece la alcaldesa de Chilpancingo, Norma Otilia Hernández Martínez, con un presunto líder de un grupo delictivo, y hace mención de que formó parte del equipo de trabajo del ex gobernador Ángel Aguirre Rivero.
En redes sociales, la noche del martes se filtró un tercer fragmento de un video, donde la edil capitalino se reúne con un supuesto líder de un cártel delincuencial, con quien sostiene una conversación y menciona la alcaldesa que en algún momento formó parte del equipo de trabajo de Aguirre Rivero.
El líder panista dijo que el gobierno de la República, que encabeza Andrés Manuel López Obrador, no puede aplicar el “dicho de Juárez”, en referencia a Benito Juárez, el Benemérito de las Américas, en el sentido de que “para los amigos justicia y gracia, y para los enemigos, la ley a secas y eso no se vale”, por lo que se pronunció porque la aplicación de la ley no sea de “manera selectiva”.
Lo anterior, por el caso del presidente municipal de Matehuala, San Luis Potosí, Iván Estrada Guzmán, quien la semana pasada fue presentado por la autoridad ministerial, como resultado de una investigación que se le sigue por la difusión de una grabación, en la que sostiene una conversación con un presunto líder de un grupo delictivo, es decir por audios solamente.
Dijo que en el caso de Chilpancingo, “se han difundido videos”, son elementos más concretos, y no ha sido posible que la autoridad proceda en torno a la difusión de los videos. Lo que hace una diferencia en la aplicación de la ley.
Salmerón Díaz insistió en que cada video que surge de la presidenta municipal “confirma su colusión y su atrevimiento de sentarse con el líder de la delincuencia organizada y eso es un delito, la autoridad no puede estar sometida a los intereses de grupos que están fuera de la ley”.
Finalmente, insistió en que la autoridad, tanto de la Fiscalía General de la República, como la del estado, deben investigar y “en todo caso, en algún momento, procesar a quienes cometen estos delitos”, en caso de comprobarse su vinculación.