El pleno de la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, revocó el procedimiento especial sancionador que el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero había determinado contra el diputado Alfredo Sánchez Esquivel, quien fue acusado por la presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso Local, Yoloczin Domínguez Serna de que ejerció violencia política en razón de género.
El órgano electoral federal consideró que en el caso del procedimiento especial sancionador TEE/PES/002/2023, que interpuso la diputada morenista Yoloczin Domínguez, de primera mano, ante la Coordinación de lo Contencioso Electoral del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, en contra del ex presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Guerrero, por presuntos actos que podrían configurar violencia política contra las mujeres en razón de género, resolución que fue impugnada por el acusado el 18 de agosto ante el Tribunal Electoral Estatal de Guerrero.
De acuerdo con la sentencia del órgano electoral federal, la actora (Yoloczin Domínguez) sostuvo que las consecuencias jurídicas ordenadas por la autoridad responsable luego de acreditarse la violencia política en razón de género deben ser más severas, mientras que el actor (Alfredo Sánchez) pidió a la sala regional que en plenitud de jurisdicción revoque la resolución impugnada y determine que no cometió dicho delito.
En febrero pasado fue presentado ante la Comisión Nacional de Honor y Justicia de Morena una denuncia por violencia política en razón de género, firmada por 353 mujeres militantes de Morena, por lo que esa instancia determinó expulsarlo de su partido, determinación que también impugno el acusado.
La denuncia de la diputada Yoloczin Domínguez fue por considerar que su compañero Alfredo Sánchez asumía conductas amenazantes y realizaba expresiones denostativas, discriminatorias y amenazantes en contra de ella.
Por dichas acusaciones el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero le impuso una serie de sanciones como la inscripción en el padrón de personas agresora por un lapso de dos años, una multa económica y una disculpa pública, determinación del órgano electoral local que también fue impugnada por el supuesto agresor.