Aprueba el TEE nuevas medidas de “apremio” a responsables de violencia política en razón de género.-Exige que sean respetados los derechos de la alcaldesa de Xalpatláhuac, Selene Sotelo
El Tribunal Electoral del Estado de Guerrero (TEEGro) aprobó una nueva “medida de apremio” contra el consejero de la policía comunitaria y excandidato a la presidencia municipal de Xalpatláhuac, Edmundo Delgado Gallardo y “otras personas”, acusados de cometer violencia política en razón de género, contra la alcaldesa, Selene Sotelo Maldonado.
El órgano electoral exigió a los infractores cumplir con lo establecido en las sentencias, entre ellos, el pago de una multa individual de 200 Unidades de Medidas de Actualización (UMA), ofrecer una disculpa pública a la denunciante y que los infractores se abstengan de realizar acciones u omisiones o conductas encaminadas a generar violencia política.
Cabe recordar que desde el inicio de la administración municipal actual, la edil priista fue exiliada, por un grupo de ciudadanos armados, presuntos integrantes de la Policía Comunitaria, encabezados por el excandidato del Movimiento Ciudadano, Edmundo Delgado y “otros principales de la cabecera municipal”.
El Tribual Electoral del Estado a través de un acuerdo plenario, declaró incumplidas las dos sentencias del órgano local, del 24 de enero, 8 de abril y 22 de julio del 2022, así como, la dictada por la Sala Regional de la Ciudad de México del 24 de marzo del mismo año.
Del mismo modo “ordenó” al gobierno del estado, presentar un informe sobre el estado que guarda la declaratoria de alerta de violencia de género en el municipio de Xalpatláhuac, Guerrero, y sobre las acciones para la pronta recuperación de las instalaciones del ayuntamiento indígena.
Entre otros acuerdos, el órgano electoral determinó instruir a las autoridades en materia de seguridad informar sobre las medidas de protección a la denunciante, quien desde hace más de dos años fue obligada a instalar sus oficinas administrativas en un pueblo alejado de la cabecera municipal.
En tanto que al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) le instruyó que rinda un informe sobre las acciones para dar cumplimiento a las medidas cautelares, gestionadas en su momento por la denunciante, a la instancia se le apercibe, que de no cumplir, se le impondrá una medida de apremio.