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Responsable de política interna en Guerrero niega ingobernabilidad

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-Subsecretario de Asuntos Políticos y Social atiende seguridad en la Costa Chica, asegura
-Se niega hablar de multihomicidio de una familia de seis integrantes en Acapulco

Poleht Rodríguez

La encargada de despacho de la Secretaría General de Guerrero, Anacleta Vega López, negó exista ingobernabilidad pese a los hechos de violencia registrados en las regiones Costa Grande, Costa Chica, Acapulco y Zona Centro.

En una breve entrevista, la responsable de la política interna aseguró que los actos delictivos están siendo atendidos en coordinación por el Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía del Estado.

Lo anterior, en relación a la inseguridad en los municipios de Cuajinicuilapa, en donde el alcalde y la síndica procuradora Hildeberto Salinas Mariche y Estephani Olivia Zárate, respectivamente, enviaron al Congreso Local la solicitud para separar de sus cargos por recibir amenazas a su persona.

Otro funcionario de cabildo del que no se sabe su ubicación desde hace 15 días, es el regidor de Desarrollo Rural, Fomento al Empleo, Comercio y Abasto Popular, Félix Gil Calleja Díaz, quien ya cuenta con una ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía General del Estado (FGE).

El dirigente Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Alejandro Carabias Icaza, informó que la alcaldesa de San Nicolás, Tarsila Molina Guzmán “huyó” del municipio por la violencia en la zona.

De las licencias, el presidente de la Mesa Directiva, Jesús Parra García, confirmó que las peticiones de los funcionarios no han sido ratificadas por el Poder Legislativo.

“Sí hay seguridad y hay elementos de la Guardia Nacional, de Sedena y de la Policía Estatal. Están llegando más incluso, si lo hay, quizás ellos no lo ven –alcaldes- porque no salen”, pero es un tema que atiende el subsecretario de Asuntos Políticos y Social, Francisco que estamos allá, aseguró, Anacleta Vega López.

Al ser cuestionada sobre el multihomicidio de una familia de seis integrantes, entre ellos un menor 10 años y otro de 16 años, la funcionaria estatal se negó a dar declaraciones.

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