-La audiencia de los imputados es aplazada, revelan
Poleht Rodríguez
A 17 meses del homicidio del normalista de Ayotiznapa Yanqui Kothan Gómez Peralta, sus compañeros y madre reclamaron que aún no hay justicia por el caso, al argumentar que las autoridades “buscan justificar” el crimen.
Los estudiantes rurales arribaron a bordo de dos autobuses a las 10:40 de la mañana de este jueves a la colonia Cuitláhuac sobre el antiguo Libramiento a Tixtla en Chilpancingo bloqueando la circulación, lugar en los policías del Estado presuntamente asesinaron al joven.
Uno de los oradores advirtió que a un año cinco meses que realizan actos de protesta para el esclarecimiento del asesinato de Yanki Kothan Gómez, “no se darán por vencidos” hasta lograr justicia y se castigue a los culpables.
La madre del normalista, Vianey Gómez dijo que el Centro de Derechos Humanos “Minerva Bello” informó la situación penal de los efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal por los delitos cometidos, y que el 5 de agosto pasado se llevó a cabo la audiencia intermedia en el que la defensa de los imputados manifestó de nueva cuenta acceder a un procedimiento abreviado (resolución más breve del caso).
Advirtió “hasta la fecha no existe garantía alguna de reparación integral del daño en favor de las víctimas, por lo cual no se ha definido ni aprobado dicho procedimiento”, adelantando que un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal de Guerrero fijó como fecha el 20 de octubre para la continuación de la audiencia intermedia de los elementos.
Llamó al Ministerio Público Federal presentar el oficio de formulación de la pena y la cuantificación de la reparación del daño, que los imputados y sus defensores particulares indiquen la forma en que garantizarán el pago de la reparación del daño a favor de las víctimas, y en caso de no acreditarse la reparación, la causa continuará su curso mediante la audiencia intermedia ordinaria, sin procedimiento abreviado.
El grupo de 30 estudiantes de la normal realizaron un mitin en memoria del joven asesinado el 7 de marzo de 2024 presuntamente por policías estatales y que derivó la renuncia del secretario de Seguridad Pública, Rolando Solano Rivera; de la General de Gobierno, Ludwig Marcial Reynoso Núñez; y la teniente coronel del Ejército Mexicano, la fiscal Sandra Luz Valdovinos Salmerón.