Mujeres indígenas de Guerrero exigen políticas públicas contra la violencia y discriminación
Poleht Rodríguez
Mujeres indígenas de 41 municipios del estado demandaron a los tres niveles de gobierno la creación de políticas públicas para frenar la violencia y discriminación que enfrentan en sus comunidades.
Durante el Primer Encuentro Estatal de Mujeres Indígenas, realizado en el Palacio de la Cultura en Chilpancingo, lideresas comunitarias, autoridades municipales y activistas compartieron testimonios sobre los obstáculos que persisten para las mujeres de los pueblos originarios.
La alcaldesa de Xochistlahuaca, María Rojas Pineda, reconoció que, aun siendo presidenta municipal, aún se enfrentan “muchas barreras” derivadas del machismo, el clasismo y la discriminación.
Dijo que la educación, la cultura y el respeto a los derechos humanos “son pilares para construir un futuro distinto, impulsar la lengua, tradiciones y saberes y la forma de organización no es un acto romántico, sino político de justicia”.
Zulma Francisco Barrera, comisaria de la localidad de Arroyo San Pedro, municipio de Iliatenco, relató que cuando fue propuesta como candidata “algunos hombres” se opusieron, lo que casi la llevó a renunciar.
Con el respaldo de otras mujeres determinó continuar en el cargo y llamó a las autoridades a implementar políticas que frenen la exclusión, al señalar que “solo el 10 por ciento” de la población indígena en Guerrero es visibilizada.
En tanto, Esperanza Ramírez Ruiz, abogada y especialista en género e interculturalidad, presidenta de la organización civil “Martha Sánchez Néstor”, denunció que las mujeres indígenas sufren múltiples formas de discriminación y violencia.
Exigió acciones concretas de atención hacia las comunidades originarias, especialmente hacia niñas y adolescentes.
Finalmente, Delfina Gálvez Solano, delegada de la región Montaña de la Secrertaría de la Mujer (semujer) y perito intérprete certificada, compartió que fue víctima de abuso sexual a los 7 años, situación que, dijo, se repite en muchas comunidades indígenas.
Reveló, además, que por su labor de servicio ha recibido amenazas de muerte, lo que le impide acudir al municipio de Cochoapa el Grande sin acompañamiento de corporaciones de seguridad.
Las participantes coincidieron en que la violencia contra mujeres, niñas y adolescentes indígenas requiere atención inmediata y políticas públicas que garanticen respeto a sus derechos humanos, la inclusión y acciones que frenen las violencias que enfrentan en diferentes espacios.