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📰 Denuncian corrupción en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa en Guerrero

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El Frente Nacional de Abogados Democráticos (FNAD) denunció presuntos actos de corrupción al interior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) con sede en Acapulco, Guerrero, luego de que los magistrados emitieran un acuerdo que, según los denunciantes, favorece al ISSSTE y perjudica a un maestro jubilado de la Secretaría de Educación Guerrero (SEG).

El presidente del FNAD, Carlos Márx Barbosa Guzmán, explicó que el Tribunal había dado la razón en 2023 al ex trabajador Juan Alcocer García, ordenando al ISSSTE corregir un error que lo afectó al ser cambiado indebidamente del régimen del Décimo Transitorio al sistema de cuentas individuales, lo que redujo su pensión a la mitad y le quitó derechos como aguinaldo, préstamos y servicio médico.

Sin embargo, a pesar de la sentencia, el ISSSTE presentó documentos falsos y fuera de juicio, y el pasado 7 de octubre de 2025, el Tribunal emitió un acuerdo en el que reconoció que el demandante tenía la razón, pero al mismo tiempo resolvió archivar el caso, lo que los abogados calificaron como una “alteración de la cosa juzgada”.

Los magistrados que firmaron dicho acuerdo son César Octavio Irigoyen Urdapilleta, Natalia Elena Zúñiga Leyva y Graciela Buenrostro Peña, de la Sala Regional Guerrero del TFJA. Según el FNAD, esta decisión viola los derechos de un jubilado y persona de la tercera edad, al poner un acuerdo administrativo por encima de una sentencia firme.

La abogada Dierith Alexandre Aparicio González, integrante del FNAD, señaló que el maestro Alcocer García cotizó 36 años ante el ISSSTE y que no se está respetando su derecho a una pensión digna conforme al Décimo Transitorio.

“Los magistrados deben proteger los derechos de los ciudadanos, no vulnerarlos. En este caso incurrieron en actos que pueden calificarse como corrupción, porque se saltan la ley y la Constitución para favorecer a una institución”, sostuvo la abogada.

El FNAD anunció que interpondrá un amparo para exigir sanciones administrativas contra los magistrados y la revisión del caso ante instancias federales.

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