Autoridades electorales plantean ampliar el catálogo de delitos electorales para sancionar conductas que actualmente no pueden perseguirse penalmente, como la usurpación de candidaturas, informó Alejandro Guizado Jaimes, Fiscal Especializado en Delitos Electorales del estado.
El fiscal explicó que recientemente participó en reuniones en el Instituto Nacional Electoral (INE), en la Ciudad de México, donde —como vicepresidente de la Asociación Mexicana de Fiscalías Electorales— presentó propuestas basadas en experiencias de procesos electorales anteriores, problemáticas que se repiten en distintas entidades del país.
Uno de los temas centrales fue la usurpación de candidaturas, una práctica en la que personas se hacen pasar por integrantes de grupos en situación de vulnerabilidad —como comunidades indígenas, afromexicanas, personas con discapacidad o de la diversidad sexual— para acceder de manera indebida a postulaciones reservadas mediante acciones afirmativas.
Guizado Jaimes señaló que esta conducta afecta directamente a comunidades históricamente marginadas, ya que les arrebata la posibilidad de una representación auténtica. Aunque actualmente puede ser sancionada en el ámbito administrativo por autoridades electorales, aclaró que no existe una tipificación penal específica, lo que impide iniciar investigaciones y aplicar sanciones más severas.
Además, destacó la necesidad de incorporar otros comportamientos al marco penal electoral, como la violencia digital y la promoción anticipada de imagen fuera de los periodos legales de campaña y precampaña.
El fiscal indicó que el INE ha comenzado a retomar estas propuestas y que se trabaja en un proyecto de reforma integral que abarcaría diversas leyes electorales y penales, con el objetivo de fortalecer la democracia y cerrar vacíos legales.
Finalmente, reconoció que durante el último proceso electoral se recibieron denuncias por usurpación de candidaturas; sin embargo, reiteró que la falta de tipificación ha impedido actuar penalmente, lo que genera inconformidad ciudadana y limita la capacidad de las autoridades para sancionar estas prácticas.