–De manera conjunta tres diputados se pronunciaron por la protección de las infancias
Legisladores locales propusieron reformas, adiciones y derogaciones al Código Civil y Código Penal del Estado de Guerrero, para combatir la convivencia forzada de menores, lo que representa una práctica similar al matrimonio infantil.
Durante la sesión del Congreso de Guerrero, los diputados Carlos Eduardo Bello Solano, Glafira Meraza Prudente y Gloria Citlalli Calixto Jiménez, presentaron iniciativas tendientes a la protección de los derechos de los niños y niñas guerrerenses para evitar que sean violentados sus derechos y los obliguen a casarse antes de que cumplan la mayoría de edad.
Por un lado, la diputada Glafira Meraza Prudente presentó una iniciativa para adicionar un cuarto párrafo al artículo 177 Bis del Código Penal para el Estado de Guerrero para que el delito de convivencia forzada de menores sea perseguida de oficio por el Ministerio Público.
Lo anterior para eliminar la necesidad de que la víctima o sus representantes presenten una querella, se puedan cerrar brechas en el acceso a la justicia, debido a que en ocasiones los y las afectadas no se atreven a denunciar.
En tanto, la diputada Gloria Citlali Calixto Jiménez presentó por separado otra iniciativa, en este caso, para reformar los artículos 177 Bis del Código Penal, para aumentar las penas por este delito, proponiendo sanciones de hasta 15 años de prisión para quienes promuevan o tolere esas uniones, en especial cuando se trate de familiares, integrantes de pueblos originarios o comunidades afromexicanas, con el objetivo de fortalecer el marco jurídico y erradicar la cohabitación forzada de personas menores de edad.
Recordó que recientemente en Guerrero se ha sabido a través de redes sociales de dos casos de matrimonios entre menores de edad, uno de ellos en la localidad de Huamuchitos, municipio de Acapulco, donde se anunció el patrimonio entre un niño de 14 años y una niña de 15; y en San Pedro Cuitlapan, municipio de Tlacoachistlahuaca, se registró la boda de dos niños de 15 años de edad.
Las legisladoras coincidieron en que la convivencia forzada de niñas, niños y adolescentes constituye una violación grave a sus derechos humanos y se sigue registrando en varias localidades con la justificación de usos y costumbres.
En ese mismo tema, el diputado Carlos Eduardo Bello Solano propuso derogar los artículos 36, 37, último párrafo de la fracción V del artículo 39, fracción III del artículo 351, artículo 363 y penúltimo párrafo del artículo 451 del Código Civil del Estado, porque esto, dijo, representa un paso decisivo hacia la erradicación total del matrimonio infantil en el Estado, incluida la emancipación por matrimonio, lo cual libera al menor o la menor de la patria potestad y que pueda tomar decisiones que vayan en contra de los adolescentes, con la finalidad de proteger el interés superior de la niñez, garantizar sus derechos fundamentales y asegurar el desarrollo pleno, libre de prácticas que vulneren su salud, educación, integridad y bienestar.
Las tres iniciativas fueron turnada a la Comisión de Justicia.