-La actual Ley de Voluntad Anticipada para el Estado de Guerrero carece de reglamentación, argumenta la diputada emecista
Poleht Rodríguez
La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Erika Lorena Lührs Cortés presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Salud Estatal a exponer a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda un proyecto de reglamento a la Ley de voluntad Anticipada para el Estado de Guerrero.
La iniciativa, argumentó la legisladora representaría la esperanza y el derecho a una muerte digna para las personas que por años han sufrido “innecesariamente” hasta fallecer, por falta de una “esperanza de curación”.
Lührs Cortés, refirió que las entidades que cuentan con esta regulación son: Ciudad de México, Coahuila, Aguascalientes, San Luis Potosí, Michoacán, Hidalgo, Guanajuato, Guerrero, Nayarit, Estado de México, Colima, Oaxaca, Yucatán y Tlaxcala, y en el resto del país es ilegal.
Reconoció que, pese a que existe una ley que fue aprobada y publicada, esta, actualmente carece de reglamentación, imposibilitando su aplicación efectiva en beneficio de los guerrerenses.
En el periodo constitucional de 2015 al 2021, explicó la diputada emecista, diversas instituciones del Gobierno del Estado de Guerrero celebraron mesas de trabajo con distintas autoridades y el Colegio Estatal de Notarios, permitiendo avanzar en temas relacionados con la Salud, sin embargo, con la transición de la Administración Estatal, esos esfuerzos quedaron suspendidos.”
Precisó que la voluntad anticipada no es el equivalente a la eutanasia “La voluntad anticipada regula la ortotanasia. Esto es la actuación correcta ante la muerte por parte de quienes atienden al que sufre una enfermedad incurable o en fase terminal”.
Dijo que, en México, la legislación vigente prohíbe la Eutanasia o acto deliberado de dar fin a la vida de un paciente, mientras que, en la Ciudad de México, desde la entrada en vigor de su Ley en 2008, se han otorgado más de 12 mil documentos de voluntad anticipada, tanto en instituciones de salud como ante notarios públicos.
La diputada de Movimiento Ciudadano expuso que los beneficios identificado en otros estados de la República Mexicana identificados son paz emocional y certeza jurídica para los pacientes y sus familias, respeto a la autonomía personal, especialmente en contextos de enfermedad irreversible, reducción de gastos médicos innecesarios, al evitar tratamientos sin beneficio terapéutico.
Además, de evitar conflictos familiares y legales respecto a decisiones médicas al final de la vida, y facilita la labor del personal médico, al contar con lineamientos claros sustentados en la voluntad del paciente.
El grupo Parlamentario del PRI solicitó unirse al punto de acuerdo de la legisladora.