La diputada priista Julieta Fernández Márquez, calificó como una “tomada de pelo” la respuesta del secretario de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña a los cuestionamientos sobre la estrategia de atención a las niñas, niños y adolescentes para evitar la violencia escolar, sobre todo por la inversión anunciada para ese fin, por un monto de 221 pesos, para sólo 275 escuelas de nivel básico.
Así se expresó la también secretaria de la Comisión de Niños, Niñas y Adolescentes del Congreso Local, donde en la sesión de este martes compareció el secretario de Educación Guerrero, Marcial Rodríguez Saldaña, como parte de la glosa del primer informe de Labores de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.
La legisladora priista explicó que hubo una inversión operativa de 60 mil 865 pesos, el gobierno estatal junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unisef) en beneficio de 275 escuelas de las regiones Norte, Montaña y Costa Chica con la implementación de distintos proyectos como parte del convenio de colaboración para la atención de los derechos de las niñas, niños y adolescentes, pero “la inversión operativa que se destinó a esos planteles fue de 221 pesos con 90 centavos”, por lo que la legisladora consideró que con esos recursos no se puede garantizar a los menores una vida libre de violencia.
En su intervención, Julieta Fernández Márquez cuestionó al funcionario estatal si existe un diagnóstico sobre la violencia que viven los menores en el entorno educativo, sobre todo en las zonas más violentas del estado, “donde además de violencia familiar, se permite la venta de niñas”.
Insistió: “No nos está quedando claro cómo es que la SEG está erradicando la violencia, cómo está avalando acciones, también desconocemos de los consejos de participación ciudadana, quizá yo sea ingenua por que no los visualicé, pero en lo que envía y dice no vemos claro, por eso digo que pareciera una tomada de pelo”, recalcó.
Al respecto, el secretario de Educación respondió que se trabaja en las escuelas secundarias un proyecto que se llama “Escuelas para la igualdad en acción”, para contener las acciones de violencia en el ámbito escolar en algunos planteles como un programa piloto.
La deserción escolar es más grande de lo que dicen las cifras oficiales, dijo la legisladora en su intervención, y recordó que varios legisladores realizaron recorridos en escuelas de Acapulco y verificaron que la falta de estudiantes a las clases está por encima de lo que las cifras oficiales registran.
Comentó que de acuerdo a los informes oficiales la deserción académica es de 24 mil 100 estudiantes en el último año, sin embargo aseguró “que la deserción escolar es mucho más grave de lo que las cifras oficiales mencionan; lo que genera rezago educativo, aumenta el trabajo infantil, se incrementa el nivel de consumo de sustancias peligrosas y se corre el riesgo de reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por parte de los grupos delictivos, es decir, si no hacemos algo pronto, será mayor el número de desertores el año entrante”.
Aseguró que con ese nivel de deserción se evidencía que no son eficientes las estrategias para la atención de estudiantes, porque “se habla de becas, que van personalmente a las casas a conocer el motivo de la deserción y eso yo no lo ví cuando fuimos a recorrer escuelas”.
Expresó que no sólo hay abandono escolar, sino también hay un abandono institucional, “porque varios directores de planteles de distintos municipios se quejan porque no cuentan ni con los accesorios y productos de limpieza que se requieren para las estrategias básicas de contención de contagios por Covid 19”, entre otras necesidades de las escuelas.
Después de solicitar a la Mesa Directiva la lectura del artículo 29 fracción segunda de la Ley orgánica de la Administración Pública que refiere las funciones y obligaciones de la SEG, “impulsar integralmente los programas de educación pública y privada…. Planear, desarrollar, dirigir y vigilar la educación en todos los tipos, niveles y modalidades, Fernández Marquez consideró una tomada de pelo las respuestas que el funcionario estatal ha estado dando en las interrogantes hechas por los legisladores.