- Ayuntamientos no pueden deslindarse de embarazos en menores de edad
Poleht Rodríguez
La encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno de Guerrero, Anacleta López Vega, reconoció el grave problema de embarazos en niñas de 10 años y adolescentes cometido por hombres que duplican y triplican la edad de las madres.
En entrevista después de la instalación de la Defensoría Pública Electoral en la atención de asuntos de violencia política en razón de género en el Tribunal Electoral del Estado (TEE), admitió que las autoridades estatales han detectado “este tipo de cuestiones tan denigrantes” en redes sociales y otros medios.
De acuerdo a cifras de la Secretaría de Salud Federal, una niña de 10 años de Acapulco dió a luz en 2024; en Chilpancingo, un hombre de 33 años embarazó a una menor de 12 años, sólo por citar algunos casos.
Detalló que tras conocer los casos de las menores de edad gestantes, como primera acción buscan acercamiento con los presidentes municipales y activan los protocolos a través de las instancias correspondientes como la Secretaría de Seguridad Pública Estatal quienes se encargan de verificar información y brindar la atención.
Por esta situación, dijo: “Buscamos primero confirmar si es cierto. Y si lo es, comenzamos a girar instrucciones y trabajamos directamente con la unidad de género”, López Vega.
Actualmente se implementan programas para informar a las familias sobre la legislación vigente en la entidad y las sanciones que podrían enfrentar los tutores que permiten, encubren o incluso propician estos embarazos, advirtió.
“No se vale decir que no sabían. Los presidentes municipales gobiernan esas comunidades, conocen las costumbres y no pueden negar los hechos” sentenció.
La funcionaria denunció que los alcaldes “Muchas veces ni siquiera contestan el teléfono. Pero no aceptamos excusas. Si no se puede presencialmente, trabajamos virtualmente. Lo importante es que se respeten los derechos de las niñas”.
Advirtió no permitirá la impunidad en estos casos y que trabajan en conjunto con la Secretaría de Salud y Ministerio Público con la asistencia social y psicológica, para sancionar penalmente a quienes resulten responsables de los embarazos infantiles.