En el Congreso Local fue presentada una iniciativa para endurecer las sanciones contra servidores públicos que alteren, extravíen o destruyan documentación relacionada con bienes inmuebles. La propuesta fue planteada por el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Jesús Urióstegui García, quien señaló que estas prácticas afectan directamente a los ciudadanos, incluso llevándolos a perder su patrimonio.
El legislador explicó que la iniciativa busca reformar la fracción quinta del artículo 49 y adicionar el artículo 64 Ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Guerrero, con el fin de establecer como falta grave la manipulación indebida de expedientes catastrales.
Urióstegui García compartió que ha escuchado múltiples testimonios de personas que, al acudir a realizar un trámite o solicitar un apoyo, descubren que los documentos necesarios ya no existen en las dependencias. “No son casos aislados —dijo—, hay historias de trámites paralizados porque expedientes desaparecieron o fueron alterados por la acción de funcionarios públicos”.
La iniciativa plantea sanciones proporcionales a la gravedad de las faltas cometidas, pues actualmente la ley contempla la obligación de custodiar archivos, pero no prevé consecuencias claras para quienes incumplen con ese deber.
El también coordinador de la bancada de Morena afirmó que la laguna legal ha favorecido la impunidad y ha vulnerado derechos básicos, como el acceso a servicios de salud, apoyos sociales y la certeza jurídica sobre la propiedad.
Con la creación del artículo 64 Ter, se busca garantizar que los servidores públicos integren, resguarden y protejan la información bajo su responsabilidad, evitando su manipulación o destrucción intencional.
“Lo que pretendemos —subrayó el diputado— es que ningún derecho ciudadano se pierda por negligencia, corrupción u omisión de quienes deben salvaguardar la documentación oficial”.